En virtud de la acción llevada a cabo por el Intendente sobre la situación planteada en la ocupación del edificio de calle Irigoyen Nº 664, y atento al riesgo edilicio no sólo de los allí vivientes sino también de los vecinos del lugar, el Ejecutivo Municipal a través del DECRETO Nº 851 /2018, ordenó la reubicación de las familias que allí residían y la demolición del lugar, brindando una solución a los reclamos del vecindario y salvaguardando la integridad física de menores de edad que allí residían.
Llama poderosamente la atención que luego que el Intendente procediera a dar una solución inmediata a esta situación de inseguridad, que por el lado de la justicia nunca llegó, hoy se presente una persona alegando derechos e intima al Municipio a responder por supuestos daños; entonces cabe preguntarse qué hizo antes, cuando los vecinos reclamaban soluciones apelando a la respuesta de alguno de los propietarios del lugar en cuestión. Tal vez hoy los damnificados por tantos hechos vandálicos y delictivos tengan una persona contra quien accionar en reclamo de sus derechos y por la inacción de este mismo propietario, que durante tanto tiempo permitió que esta situación se agravara, dado que entendemos que el delito se comete por acción y también por omisión.
No se entiende como desde las sombras pretenden destruir el trabajo que garantizó la seguridad de la comunidad. No se entiende como pueden estar en contra de que el Municipio garantice la tranquilidad del lugar. No se entiende cómo desde un estudio jurídico en Pehuajó –el mismo que siempre trabaja en detrimento de los pehuajenses-, pueden perseguir un rédito económico, en contra de la tranquilidad de los pehuajenses. No se entiende como se puede estar a favor de la clandestinidad y del sometimiento a otros vecinos.
